En vivo · viernes 20 de noviembre de 2026 ·Buenos Aires
Usted Opina

Defensor General Dr. Roberto Andrés Gallardo

Por walter 5 min de lectura

Doctor Mario Jaime KESTELBOIM, Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio Público de la Defensa:

A través de la resolución DG N° 237/11, Usted expresa:

Que, en los últimos meses ha recrudecido un discurso político tendiente a perseguir penalmente a grupos humanos que desarrollan en la ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedores ambulantes de baratijas, artesanos, limpiavidrios, cuidacoches, cartoneros y otros tantos que buscan encontrar de esa forma la posibilidad de obtener medios de subsistencia.

Que, asimismo se ha observado una criminalización creciente del conflicto originado en el déficit habitacional que se expresa en la política del Derecho Penal máximo a través de la utilización indiscriminada del tipo de la usurpación.

Que, en ese contexto la Defensoría General Adjunta en lo Penal Contravencional y de Faltas deberá extremar esfuerzos para dotar a esos grupos de una adecuada protección legal, privilegiando el cumplimiento efectivo de las pautas constitucionales en materia de Derechos Sociales y evitando que la coerción penal se utilice para disciplinar a los sectores más débiles de la sociedad vulnerados en el goce de sus derechos.

Que, el doctor Roberto Andrés Gallardo cuenta con sobrada experiencia judicial con grupos excluidos y marginados, ha demostrado poseer una aquilatada experiencia en la materia y suficiente capacidad para organizar y coordinar las tareas que el objetivo descripto demanda. En esta etapa transicional, aparece como la persona ajustada a los requerimientos operativos del cargo a cubrir transitoriamente y por ello se procede a su designación interina.

Sus acertadas consideraciones evidencian un cuestionamiento a los “representantes”, de los poderes de la CABA, que no se ajustan al Estado de Derecho y no ignora que en la nota del diario clarín del 4-10-2011 titulada, Los manteros ocupan Florida y hay descontrol todo el día el ministro de Espacio Publico expresa que: Si bien los manteros que hacen venta ilegal acordaron hace más de un año con él (ministro), trabajar en la peatonal Florida sólo desde las 18, no lo cumplen. Un funcionario público, acordando con los ilegales que venden y ocupan el espacio público, perjudicando a quienes pagamos los impuestos, sometidos a constantes inspecciones, sancionados y en muchos casos clausurados teniendo en nuestras propias puertas comerciales a quienes venden sin pagar absolutamente nada. El Ejecutivo, la Legislatura porteña y sus asiduos visitantes de la organizada venta ilegal, estarían “asociados” con la finalidad de proseguir encubriendo y protegiendo, con el argumento de la “mera subsistencia”, la red de venta ilícita que invade la CABA, propiciando una real esclavitud organizada a grupos humanos que desarrollan en la ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedores ambulantes de baratijas, artesanos, etc. Venta ilícita que no aporta Ingresos Brutos, como lo hace el comercio legal. ¿Tienen idea los integrantes de la CPPP (Corporación Política en el Poder Publico) lo que representa el monto que mueve la organizada venta ilícita, que no aporta Ingresos Brutos con personal no registrado, etc.? La CPPP, invade y acosa a los comercios legales, con bandas de funcionarios exigiendo todo tipo de documentación y registro donde llegan, en algunos casos, a interrogar e identificarse hasta la clientela, pero cuando se les pide que actúen sobre los vendedores ilegales, ocupando el espacio público responden, “que sus instrucciones es inspeccionar los comercios registrados” en alusión a una decisión política. ¿Decisión política proteger la venta ilegal? ¿Cuál será el próximo paso, usurparnos y despojarnos totalmente? Todo esto es ampliamente conocido, pero justamente la aplicación del Estado de Derecho no se efectiviza en el área de los funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la CABA, a quienes ponemos en conocimiento de los hechos, dado que en principio es una competencia que les pertenece, por el tema contravención. Por supuesto que habría que considerar las competencias que obligue derivar desde el presunto incumplimiento a los deberes del funcionario, origen de la mercadería, trabajo esclavo, falsificación de marcas, evasión de impuestos, contrabando, etc. La CPPP utilizaría los organismos estatales correspondientes para desproteger a quienes estamos obligados a convivir con la venta ilegal. Ésta asociación entre Ejecutivo, Legislatura porteña y sus asiduos visitantes de la organizada venta ilegal, alentarían lo ilícito, con despachos y proyectos de ley en éste progresismo a la violeta, pretendiendo humillar el Estado de Derecho, con interpretaciones peculiares de la Ley Nº 1.116 y del artículo 83 del Código de Contravenciones. Esta situación se enancaría, permanentemente, en una cuestión de ansias de protagonismo y rédito electoral pretendiendo legislar para no sólo mantener las ocupaciones ilegales del espacio público, veredas, plazas, paseos, saladas y saladitas sino aumentar las usurpaciones tal las intenciones del Expediente N° 3093 – D – 2010, que habría presentado el Legislador porteño Bruno Screnci Silva.

Doctor Mario Jaime KESTELBOIM, la extensión de la venta ilegal, los Shoppings como el que quieren instalar en Caballito, etc., nos está “liquidando” a quienes todavía podemos sobrevivir pagando impuestos para cubrir hasta los sueldos, incluidos los de Ustedes. Los funcionarios deben aplicar la normativa vigente sin utilizar cargos y funciones, para “inventar” verdaderos engendros pretendiendo disfrazar lo ilegal, con desatinados proyectos de ley propuestos desde el Ejecutivo de la CABA, entre otros destruir la ley 1777 y los Consejos Consultivos Comunales, porque a partir del 10 de diciembre quedan sin competencias directas. La densidad de las carpas instaladas, saladas y saladitas sin autorización en constante aumento, se aleja de una adecuada y honesta política de Estado, predominando la mezquindad, la inoperancia y la incapacidad política, que deja de lado los aspectos de seguridad, higiene, impacto ambiental, destrucción del mobiliario urbano, uso de energía, déficit habitacional, exclusión, marginación, etc. sin obviar el costo del Camping urbano que se carga sobre los contribuyentes, con ciertos Jueces avalando el uso irregular del espacio público en las plazas, parques, veredas, etc. Espacio Público que es un espacio común de todos los habitantes de la CABA. La legitimidad de los “representantes” se determina por su gestión, que debería realizarse respetando la Ley en aras del bien común. Lo legítimo de origen no homologa una “legitimidad” ejercida con éste manejo antojadizo por parte de la CPPP (Corporación Política en el Poder Publico), que desprecia el Estado de Derecho y resulta fundamental en la etapa que se inicia, que el reemplazante interino del Dr. Alejandro Walter Slokar, asuma con adecuada dinámica y experiencia la tarea de comprender e intentar neutralizar los progresivos esfuerzos de la CPPP de apartarse de la Constitución porteña, la actual ley 1777 y la democracia participativa. ¿Será peligroso manifestarlo? SÍ.

Ing. Osvaldo V. Buscaya

Integrante del Consejo Consultivo

Comuna 7

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *