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Ley 1777, fundacional de la real autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Por walter 5 min de lectura

“Aspectos esenciales e inéditos de la democracia participativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en los Gobiernos Comunales mediante los Consejos Consultivos, que no deben ser alterados por la CPPP (Corporación Política en el Poder Publico)”: Transcurriendo el año 2007, a dos años de la sanción de la Ley 1777, la CPPP (Corporación Política en el Poder Público) no siente la necesidad de la descentralización. Es decir, en su concepción feudal, es como que no conoce la descentralización pues si la conociera no cabe duda que la hubiese difundido y realizado. A tal punto no siente la necesidad de ella, ni conocerla pretendiendo que los Vecinos no la conozcan, que un Jefe de Gobierno porteño el 13 de marzo de 2006, se declaró como intendente. ¿Y que es un intendente en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la historia?

Un dependiente del Gobierno Nacional y desde ese lugar se acentúa la desinformación diluyendo la esperanza, y diríamos cerrando el camino a la descentralización. Real autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la descentralización para la CPPP (Corporación Política en el Poder Público)? Un esquema, una simple indicación de contenido pero no el contenido de la descentralización. Es para la CPPP (Corporación Política en el Poder Público), la descentralización, algo determinado pero muerto. Para las Vecinas y los Vecinos participantes, la descentralización es una exigencia que se presenta como una innovación que expresa la necesidad actual de la comunidad con los Consejos Consultivos. Es coherente para la CPPP (Corporación Política en el Poder Público) no haber difundido desde el 1º de octubre de 1996 la esencia de la descentralización ni haberla incluido en los programas de educación en todos los niveles, como fue y es su obligación, no obstante las partidas de fondos asignados que no sabemos adónde habrán ido a parar. Sin embargo el Art. 1º de la constitución de la CABA, determina que nuestro régimen está inscripto en la democracia participativa que (las autoridades de la CABA, que presuntamente nos gobernarían de facto desde el 1º de octubre de 2001, no lo difunde en sus reales alcances), nos da el derecho y la obligación de controlar la gestión representativa “totalmente” con los Consejos Consultivos. Durante años se han “diluido” partidas presupuestarias en el enorme océano de la impunidad y es el caso de descentralización que nada ha hecho, salvo “entretener” a quienes se ocupan, sin cobrar sueldos, para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se descentralice, con la finalidad de lograr el mejor bienestar de la comunidad. Los funcionarios, se han “especializado” en adquirir una destreza inigualable en sus maniobras dilatorias, que contribuye a la generalizada confusión desde las áreas gubernamentales, en un concreto propósito de no hacer posible la real descentralización a partir del 10 de diciembre de 2011, cuando debieran estar en funcionamiento, las comunas, desde el 1º de octubre de 2001. Las comunas para la democracia participativa son, y, deberán explicar cómo distribuyen el dinero de los contribuyentes, los puestos a los amigos, a los partidarios, las contrataciones, etc. Pasado el periodo de que “se vayan todos”, en lo real, “no están”, han cumplido. Nada hicieron, salvo aprovechar para lo particular el poder delegado. Con creces han superado las experiencias pasadas de usurpación ilegítima del poder. Pero debemos soportarlos como a los conocidos regímenes, presuntamente, de facto. Esperemos no ser reprimidos y víctimas de la metodología ya conocida, que dejó y dejará cicatrices imborrables en el cuerpo social. La Constitución sancionada en el año 1996, en la cláusula provisoría 17º, establece que los gobiernos comunales y los Consejos Consultivos debieron estar en funciones desde el 1º de octubre de 2001. Si la cláusula provisoría 17º no establecería una fecha precisa podríamos discutir si los poderes de la Ciudad están gobernando de facto o no. Pero al tener fecha determinativa es la propia Constitución de la Ciudad quién coloca a los actuales poderes gobernando presuntamente de facto sin alternativa. Las cláusulas provisorias no deben prolongarse si poseen fecha limitativa y es de esta manera que los poderes de la ciudad son pasibles de las sanciones previstas en el Articulo 4º de la Constitución. Es probable que los convencionales constituyentes, que estuvieron a cargo de la normativa constitucional, no lo tuvieran en cuenta, pero así lo sancionaron. Con fecha. Quienes participamos en la temática de la descentralización no debemos hacernos cómplices del incumplimiento constitucional y el hecho de que la Ciudad, presuntamente, éste siendo gobernada de facto no impide que persistamos en el camino de restablecer el orden institucional. En otras palabras los vecinos participativos de la Ciudad estamos en el marco de la legalidad y aunque parezca absurdo nuestros representantes están en la ilegalidad. Lo establece la Constitución y nosotros la respetamos. Tengamos en cuenta que el desorden institucional es de tal magnitud que podrían cuestionarse en la Ciudad leyes, normas, decretos y sentencias judiciales a partir del 1º de octubre de 2001. Cualquiera que se mantenga fiel al principio de que los juicios de la nueva política no deben sufrir la influencia de las actitudes convenientes a la Corporación Política en el Poder Público, a través de sus “representantes”, habrá de reconocer en la orientación participativa de quienes integramos Ciudadanos Grupo Uno un alto interés democrático; viendo en las resistencias opuestas a Ciudadanos Grupo Uno una nueva prueba de sus afirmaciones. Primera Premisa: “La democracia participativa, artículo 1º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es una nueva figura para el eterno manejo de la democracia representativa. Ahora bien, es cierto que en la Constitución y en el trayecto de la participación directa, es prioritaria la necesidad de analizar la clausura de la representación”.

La existencia de 2001/2002, es ya patrimonio adquirido de la ciudadanía que formaría lo sustancial de la democracia participativa directa. Finalidad del bienestar común.

Vecinas y Vecinos ¿Seguiremos mirando para otro lado? Ing. Osvaldo V. Buscaya

obuscaya@yahoo.com.ar

 

 

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