Comunicado de prensa
“MACRI, A CONTRAMANO DE LA JUSTICIA”
“Mientras la Legislatura y la Justicia disponen la suspensión de desalojos de inmuebles propiedad del Estado porteño, el Poder Ejecutivo decide vetar la ley de emergencia habitacional. Macri no debería ir a contramano del poder político, del judicial y, en especial, de las necesidades esenciales de gran parte de los habitantes de la Ciudad”.
Así se manifestó hoy el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, diputado Facundo Di Filippo ante el anuncio del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, de que se había dispuesto el veto de la Ley Nº 2.973, sancionada el pasado 4 de diciembre, por la cual se suspendían los desalojos de los inmuebles pertenecientes a la Ciudad ocupados por personas en situación de pobreza y se obligaba al Poder Ejecutivo a presentar, dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional.
El legislador, autor de esa ley Nº 2.973, informó que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (Juzgado de feria a cargo de la Dra. Elena Liberatori) dictó una medida cautelar en el marco de una acción de amparo iniciada por él (autos caratulados “DI FILIPPO FACUNDO MARTÍN CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO”) por la cual resuelve “suspender todo procedimiento de desalojo de personas en la traza de la ex AU3 dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ordenar se abstenga de disponer o de llevar adelante cualquier procedimiento tendiente a dicho fin”.
Di Filippo, quien además es vicepresidente del bloque Coalición Cívica, sostuvo que la resolución de la jueza Liberatori “muestra a las claras que Macri no sólo está a contramano de la Justicia, sino que no le importa la situación de quienes no tienen vivienda, que son poco más de medio millón de habitantes de la ciudad”.
Para fundamentar el fallo que protege a los habitantes de la traza de la Ex AU3 -en el que también se dispone que el diputado Di Filippo designe un/a interventor/a informante para que dé noticia del cumplimiento de la medida cautelar y del funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la traza Ex AU3- la Jueza Liberatori afirmó “…no caben dudas que estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el proceder del GCBA. Por un lado, porque no se han tomado los recaudos acerca de donde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar con sus pertenencias, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a este conjunto de personas, su derecho a vivir a menos en donde están, aún en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan, ya que nada se habría previsto ante la ejecución de una medida última como es el traslado frente a la extrema vulnerabilidad en la que viven. Como se aprecia, el desalojo en todo caso, debería ser el último eslabón de una cadena de decisiones previas y dentro de un esquema global tendiente a una solución definitiva a tantos graves problemas cuyo eje es la falta de una vivienda digna. En suma, a estas personas se les está desconociendo su calidad de tales tanto porque no existirían políticas públicas para solucionar definitivamente la carencia de una vivienda digna como por el hecho de que ante tal inexistencia y aumentando -si cabe- su desprotección actual con un desalojo que los conduce literalmente a tener que vivir en situación de calle, como parias”.
Al respecto, Di Filippo expresó: “esta medida judicial viene a ratificar el criterio que adoptó toda la oposición en la Legislatura -al sancionar la Ley 2.973- respecto de que el Estado porteño no puede, mientras no adopta políticas para resolver el déficit habitacional, ser el principal desalojador de sus habitantes, dejando en la calle a miles de personas sin darles ninguna alternativa digna de vivienda”.
Y agregó: “Mientras no haya políticas públicas que posibiliten el acceso a la vivienda; mientras los gobiernos sigan desalojando a la gente sin darles una alternativa; mientras la Presidenta de la Nación continúe los desalojos a través del ONABE, nuestro país y nuestra Ciudad serán cada vez más desiguales en las oportunidades de acceso a bienes indispensables”.
“La Legislatura ya se expresó, la Justicia ya se expresó, sólo falta que los gobiernos entiendan que lo que estamos planteando no es un capricho, es una cuestión de cumplimiento de los derechos humanos más básicos”, concluyó Di Filippo.
Buenos Aires, 13 de enero de 2009 PARA MÁS INFORMACIÓN, comunicarse con